La historia del Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico se remonta al Siglo XIX, cuando el 8 de mayo de 1840 la Real Audiencia de Puerto Rico autoriza el establecimiento de un Colegio de Abogados.El 27 de junio de 1840 se convocó a los abogados existentes en la Isla para proceder a la fundación del Ilustre Colegio de Abogados de Puerto Rico. De los veintidós (22) abogados que practicaban en Puerto Rico acudieron doce (12), designando al Lcdo. Juan Vicente de Goicoechea, Decano, Lcdo. Antonio de Silva Suárez, Diputado Primero, Lcdo. Avelino de Mena, Diputado Segundo, Lcdo. Juan de Mata Aybar, Tesorero y al Lcdo. Agustín María Sirgado, Secretario-Contador. El primer decreto del recién fundado Colegio fue, inmediatamente, repartirse las causas de pobres y de oficio, comenzando su tradición de defensa de las causa nobles y justas del País.

En sus inicios, el Colegio, además de agrupar a los juristas de Puerto Rico, también fungió como la primera escuela de derecho del País. Así las cosas, la Asamblea General de 8 de septiembre de 1840 recomendó el establecimiento de las cátedras de Derecho Civil, Derecho Canónico y Economía Política. El primer estudiante de Derecho que termina sus cursos en Puerto Rico, sin tener que marchar al extranjero y el primer aspirante en ser admitido a la abogacía por sus compatriotas, fue Don Benito Alfonso Díaz Páez.

La segunda etapa del Colegio de Abogados de Puerto Rico comienza en a principios del Siglo XX El 8 de diciembre de 1911 los licenciados Juan Hernández López, Luis Muñoz Morales, Eduardo Acuna, Jacinto Texidor, Rafael López Landrón, Thomas D. Mott, Jr., Emigdio Ginorio, Pedro Gómez Lassere, Manuel F. Rossy, Antonio Álvarez Nava, Sam C. Bothwell y Rafael Ferrer fundan la Asociación de Abogados de Puerto Rico, de carácter voluntario.

No obstante, en la década de los 30 se inician las gestiones para crear nuevamente el Colegio de Abogados con carácter obligatorio. Dichos esfuerzos se consolidan con la aprobación de La Ley Núm. 43 de 14 de mayo de 1932. Dicha Ley, actualmente vigente, ha sido enmendada en múltiples ocasiones. Las últimas enmiendas son mediante las leyes 135 y 121 del 2010 para derogar la colegiación compulsoria; y mediante la Ley 109-2014 para volverá a restituir. No obstante, a pesar de la última enmienda, actualmente la membresía al Colegio es voluntaria por decreto del Tribunal Supremo de Puerto Rico en Rivera v. Estado Libre Asociado, 2014 TSPR 92, 191 DPR ___ (2014).

A pesar de todo, es el Colegio de Abogados de Puerto Rico, la institución profesional más antigua de Puerto Rico y del Caribe y su Junta de Gobierno la más antigua directiva del país.

Por la formación y compromiso social de sus miembros nuestra Institución ha participado destacadamente en las grandes luchas contemporáneas de nuestro pueblo en la defensa de sus derechos civiles y constitucionales. Es, y será siempre, el Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico la casa de la abogacía puertorriqueña, el estandarte de la defensa de los más necesitados, y la reserva moral del País.

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